Fotos Archivo DEM
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Human Rights Watch (HRW), así como el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) publicaron el jueves su primer informe acerca de las detenciones de inmigrantes durante el periodo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que se denuncian las "condiciones miserables" a las que tienen que hacer frente estas personas en los centros de detención, la mayoría de ellos bajo administración privada.
El estudio, 'Zonas libres de justicia: detención de inmigrantes en Estados Unidos bajo la Administración Trump', analiza cómo ha crecido el sistema de detención de inmigrantes desde 2017, así como "las condiciones miserables", incluso antes del brote de COVID-19, y los obstáculos legales a los que se enfrentan estas personas detenidas en "lugares remotos".
"La administración Trump y su insensible indiferencia hacia los derechos de los inmigrantes ha permitido que las malas condiciones en el sistema de detención se deterioren aún más", denunció la investigadora principal de HRW, Grace Meng.
As su vez, Meng también culpó al Congreso de Estados Unidos por no "rechazar las demandas" del Gobierno de Washington y por no "reducir los fondos para la detención y aplicación de la ley de inmigración".
El informe se basa en los datos y en las cifras recabadas en las visitas realizadas a cinco centros de detención, de los cuales tres de ellos tienen casos confirmados del nuevo coronavirus, de Lousiana, Mississippi y Arizona, así como en las entrevistas hechas a 120 personas que actualmente se encuentran en estas instalaciones.
La gestión de centros privados de detención
El estudio detalla que desde 2017, se ha facilitado la entrada de empresas privadas para gestionar este tipo de centros, lo que les ha reportado miles de millones de dólares de ingresos a costa de las condiciones de vida de los migrantes retenidos.
A partir de enero de 2020, el 81 por ciento de las personas detenidas se encuentran en instalaciones gestionadas por empresas privadas; una cifra que sube hasta el 91 por ciento si se contabiliza desde 2017, año en el que se abrieron 40 nuevos centros.
"Condiciones inhumanas"
Estas organizaciones han denunciado que las personas que tienen que permanecer recluidas en estos centros lo hacen bajo "condiciones inhumanas" y con un acceso "insignificante" a la atención médica, tanto antes como después de que estallase la crisis de la pandemia de COVID-19.
Denuncian, que desde 2017, 39 adultos han muerto en estos centros, doce de las cuales fueron por suicidio. Dos de los cinco centros de detención que visitaron los investigadores de este informe no disponían de profesionales de salud mental.
Las entrevistas realizadas han mostrado que en estos centros las condiciones sanitarias y médicas son muy deficientes, pues en ocasiones, han denunciado, no disponen ni de medicamentos, ni de jabón para lavarse.
Sin acceso a un abogado
Las personas migrantes en estos centros de detención "están extremadamente aisladas" y no disponen de acceso a un abogado. El informe denuncia que antes de la llegada de Donald Trump en 2017, estos lugares contaban con "cuatro veces más abogados" que ahora.
Más del 70 por ciento de las personas detenidas, ha explicado, están bajo la jurisdicción de la oficina de campo de Nueva Orleans, que ha rechazado el 99,1 por ciento de todas las solicitudes de libertad condicional de los solicitantes de asilo entre marzo y diciembre de 2019.
"Hemos experimentado un crecimiento sin precedentes y sin control en la detención de personas indocumentados y solicitantes de asilo en la última década", ha enfatizado la directora de comunicaciones del NIJC, Tara Tidwell Cullen, quien confía en que este informe "alerte" de esta situación.